Un juez español reanuda la causa por torturas contra seis abogados de
alto rango de Bush
08 de septiembre de 2009
Andy Worthington
El diario español Público informó
en exclusiva el sábado de que el juez Baltasar Garzón sigue adelante con
una causa contra seis abogados de alto rango de la administración Bush por
aplicar la tortura en Guantánamo.
Ya en marzo, el juez
Garzón anunció que tenía previsto investigar a los seis principales
artífices de las políticas de tortura de la administración Bush: el ex fiscal
general Alberto Gonzales; John Yoo, ex abogado de la Oficina de Asesoría
Jurídica del Departamento de Justicia, que desempeñó un papel fundamental en la
preparación de los tristemente famosos "memorandos
sobre la tortura" de la OLC; Douglas Feith, ex subsecretario de
Defensa para Política; William J. Haynes II, ex asesor general del Departamento
de Defensa; Jay S. Bybee, superior de Yoo en la OLC, que dio el visto bueno a
los "memorandos sobre la tortura" de agosto de 2002; y David
Addington, ex vicepresidente del Departamento de Defensa. Haynes II, ex
consejero general del Departamento de Defensa; Jay S. Bybee, superior de Yoo en
la OLC, que firmó los "memorandos sobre la tortura" de agosto de
2002; y David Addington, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney.
En abril, por consejo del Fiscal General del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, que cree que un
tribunal estadounidense debería juzgar el caso (o desestimarlo) antes de que un
tribunal español piense siquiera en implicarse, los fiscales recomendaron que
el juez Garzón abandonara su investigación. Como informó la CNN, el Sr.
Conde-Pumpido dijo a los periodistas que los planes del juez Garzón amenazaban
con convertir el tribunal "en un juguete en manos de gente que intenta
hacer una acción política."
El sábado, sin embargo, Público informó de que el juez Garzón había aceptado una querella presentada por varias
organizaciones españolas -la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de
España, la Asociación Libre de Abogados la Asociación Pro Derechos Humanos de
España e Izquierda Unida- y tres ex presos de Guantánamo (los residentes
británicos Jamil
El-Banna y Omar
Deghayes, y Sami Al-Laithi, egipcio liberado en 2005, que quedó paralítico
durante un incidente con guardias en Guantánamo).
El periódico informó de que todos estos grupos e individuos participarían en cualquier juicio, lo que
resulta un tanto irónico, ya que, aunque el juez Garzón ha participado en casos
de gran repercusión que han hecho las delicias de los defensores de los
derechos humanos -su persecución
del general Pinochet, por ejemplo-, ha sido duramente criticado por su
enfoque de mano dura en los casos relacionados con el terrorismo en España
(como en los casos de Mohammed Farsi y Farid Hilali, entre otros) y, de hecho, tramitó
enérgicamente una solicitud de extradición tanto de Jamil El-Banna como de
Omar Deghayes a su regreso de Guantánamo al Reino Unido en diciembre de 2007,
en relación con reclamaciones espurias y refutadas hace tiempo sobre
actividades relacionadas con el terrorismo, que sólo se le convenció de que
retirara en marzo de 2008.
Por el momento, no se sabe si otro intento de ahogar al juez Garzón le desviará de su persecución de los
abogados de la administración Bush, ya que no es conocido por dejar que los
adversarios se interpongan en su camino. A finales de junio, el Parlamento
español aprobó una ley dirigida a "poner fin a la práctica de permitir que
sus magistrados soliciten acusaciones por crímenes de guerra contra
funcionarios de cualquier país extranjero, incluido Estados Unidos",
basándose en que ningún tribunal español debería poder juzgar a funcionarios de
países extranjeros, excepto cuando las víctimas sean españolas o los crímenes
se hayan cometido en España.
Sin embargo, el domingo, cuando Público habló
con Philippe Sands, abogado británico y autor de Torture
Team, que aportó gran parte de las pruebas de primera mano para el caso de
Garzón, Sands afirmó explícitamente que no existía "ninguna barrera
legal" que impidiera que el procesamiento del juez Garzón siguiera
adelante. Explicó que creía que la reciente decisión del fiscal general de
EEUU, Eric
Holder, de nombrar un
investigador especial para investigar los casos de tortura por parte de la
CIA está relacionada con la querella española y la importancia que ha adquirido
por haber sido impulsada por el juez Garzón. Sands declaró a Público: "La
reciente decisión de Eric Holder subraya lo apropiado de la investigación
española. Muchos comentaristas creen que esta decisión ha tenido un impacto
significativo y directo en Estados Unidos, recordando a la gente que existe la
obligación de investigar la tortura."
Y añadió: "Las acciones del juez Garzón han actuado como un catalizador y cuentan con el apoyo
de muchas personas en Estados Unidos, incluidos algunos miembros del Congreso.
Ha recordado a todo el mundo que no se puede hacer la vista gorda ante estas
acciones y que hay gente que no lo va a permitir." También ha explicado
que el gesto de Eric Holder es sólo un primer paso, "limitado a los casos
en los que los interrogadores pueden haber sobrepasado los límites formalmente
aprobados por los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento
de Justicia", que los artífices de las "decisiones legales que
pretendían justificar el uso de la tortura no están en peligro inmediato en
Estados Unidos" y que, por tanto, "no hay ninguna barrera legal para
la continuación de la investigación española."
Concluyó afirmando que era "importante" que el juez Garzón siguiera adelante con el caso en
España, porque, aunque Eric Holder "ha confirmado la importancia de la
Convención contra la Tortura, sólo ha dado un primer paso que "no aborda realmente
la actuación de los verdaderos responsables de su violación".
Nota: Deseo expresar mi agradecimiento a Carlos Sardiña Galache por alertarme de las
últimas novedades de esta importante historia, que no se mencionaba en la
prensa anglosajona, y por traducir pasajes cruciales.
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